Si la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en 2021, marcó un cambio histórico al colocar la administración de las aduanas en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Marina, bajo el argumento de combatir la corrupción y el contrabando, la reciente reforma a la Ley Aduanera, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, no se queda atrás.

Esta modificación representa un reto mayúsculo en materia operativa y de certidumbre jurídica para las empresas. Por ello, surge entonces la pregunta: ¿realmente estas medidas resolverán los problemas en las aduanas y fortalecerán la competitividad del comercio exterior? La lógica detrás de la reforma parece sencilla: las aduanas son vulnerables a la corrupción, y los militares aportan mayor disciplina y control. No obstante, esta visión parte de un supuesto cuestionable: que la militarización garantiza mejores resultados. En la práctica, sustituir civiles por militares puede convertirse en una barrera rígida y poco flexible para la operación comercial.

Nadie puede negar que la seguridad en los recintos aduaneros es un requisito para el comercio internacional; sin embargo, la seguridad aduanera debe complementarse con eficiencia administrativa y agilidad en los trámites, condiciones que resultan esenciales para un país que depende del comercio exterior como motor de desarrollo.

De ahí surge la preocupación sobre si las Fuerzas Armadas, que históricamente no han sido actores especializados en logística ni en procesos de facilitación comercial, pues su función principal ha sido la defensa del territorio y la seguridad nacional, y no la gestión de operaciones aduaneras ni la implementación de sistemas modernos de fiscalización, podrán desempeñar de manera eficaz el papel de supervisores en los procesos de importación y exportación.

Desde una perspectiva positiva, los datos estadísticos favorecen el trabajo del Ejército y de la Marina en las aduanas, lo que incrementa la confianza de los socios comerciales y la percepción de México como un país confiable.

Con eso me refiero a que la ANAM, desde que entró en funciones en 2022, ha reportado avances en la detección de irregularidades, con un aumento en la recaudación por inspecciones más rigurosas.

En este sentido, no se trata de negar los logros que la presencia militar ha generado, en términos de recaudación (711,807 millones de pesos). Se trata de cuestionar si esa presencia debería convertirse en un control absoluto porque una cosa es que el ejército apoye al personal de aduanas en temas de seguridad y otras muy distinta es que convierta en el operador directo del comercio exterior.

El riesgo es que la aduana se convierta en un espacio más rígido, menos flexible y más opaco.

Si bien la corrupción era un cáncer dentro del sistema, sustituir a funcionarios civiles por militares no garantiza que el problema desaparezca y solo cambia de rostro. Además, la concentración del control aduanero en manos del ejército debilita al Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuya función precisamente es regular, fiscalizar y modernizar los procesos del comercio exterior.

Las propuestas hechas en julio por el Congreso Nacional de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), impulsan una reforma a la Ley Aduanera con una visión más empresarial, enfocada a simplificar regulaciones para fortalecer la competitividad.

La propuesta debería ser tomada en cuenta, debido a que México necesita aduanas seguras pero también modernas, confiables y competitivas, capaces de responder a la dinámica del comercio global cada vez más exigente.

Por otro lado, la experiencia internacional ofrece una lección ilustrativa: en la mayoría de los países, las aduanas dependen de autoridades civiles con formación técnica administrativa. México, en contraste, apuesta por una militarización creciente, lo que podría derivar en mayor control, pero también en rigidez operativa.

Lo sucedido recientemente en el Puerto de Manzanillo es un ejemplo preocupante: tras la intervención militar, se denunciaron abusos de autoridad, retrasos y paros laborales, lo que generó pérdidas económicas de más de 150 millones de dólares. Este tipo de experiencias alimenta la duda sobre si la reforma logrará consolidar un sistema más eficiente o si, por el contrario, provocará cuellos de botella que frenen el comercio exterior.

Por ello, la reforma a la Ley Aduanera refleja una visión dual: el deseo de un mayor control frente a la corrupción, pero también la incitación de militarizar funciones administrativas. Para que la medida sea efectiva, no basta con reforzar la seguridad; se requiere impulsar una aduana moderna, ágil y transparente, capaz de responder a las exigencias del comercio global.

En definitiva, la aduana mexicana debe convertirse un instrumento facilitador del comercio exterior, es decir, en un puente de desarrollo económico y no en un cuartel general.