La decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de eliminar el estímulo fiscal a la gasolina Premium y reducir los apoyos a la gasolina Magna y al diésel abre un nuevo escenario de repunte inflacionario en un contexto donde se descartaría que la inflación cierre en 2026 por debajo de 4%.
La reducción de subsidios implica que los consumidores absorberán una mayor proporción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), elevando el costo final de los combustibles. Aunque la Premium representa una fracción menor del consumo nacional, la reducción simultánea de estímulos para la Magna y el diésel aumenta la probabilidad de efectos de arrastre sobre transporte, logística y distribución de mercancías, cuyos efectos negativos se dirigen a la política industrial.
Desde un punto de vista teórico de la economía convencional, la reducción de subsidios contribuye a fortalecer las finanzas públicas al disminuir el costo fiscal de contener los precios de los combustibles. Sin embargo, desde el argumento del Estado desarrollista, la discusión es que si los energéticos no son únicamente bienes de consumo; estos constituyen insumos estratégicos para la producción industrial, el transporte y la competitividad manufacturera.
Este problema adquiere mayor relevancia en el contexto internacional cuya incertidumbre energética derivada de las tensiones en Medio Oriente y los riesgos sobre el suministro petrolero han elevado la volatilidad de los mercados energéticos. Se debe recordar las experiencias históricas donde los combustibles tienen un efecto multiplicador sobre los precios y si aumenta el costo del transporte, también se encarecen alimentos, bienes manufacturados y servicios.
La discusión de fondo es cuánto puede costarle a la actividad productiva una energía más cara en una país donde todavía se depende del transporte terrestre para movilizar su aparato industrial. En un escenario de crecimiento moderado y expectativas inflacionarias al alza, el retiro de los subsidios representa una señal sobre el papel que el Estado está dispuesto a desempeñar en la conducción del desarrollo económico de México.