Afectados aseguran que particulares y un programa estatal estarían generando incertidumbre jurídica sobre predios ubicados en la zona agrícola de Francisco May.

Habitantes y posesionarios de terrenos ubicados en la zona agrícola de Francisco May, en Quintana Roo, denunciaron un presunto esquema de irregularidades relacionado con la venta y regularización de predios que, aseguran, continúan siendo propiedad de la Federación.

De acuerdo con los testimonios recabados, la problemática involucra aproximadamente 500 hectáreas, donde desde hace varios años particulares han comercializado terrenos ofreciendo a las familias la posibilidad de obtener posteriormente la propiedad mediante procesos de regularización.

Sin embargo, los denunciantes sostienen que dichos predios serían terrenos nacionales, por lo que cualquier procedimiento para obtener la propiedad debería realizarse ante las autoridades federales competentes, particularmente la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y no mediante instancias estatales.

Según los testimonios, recientemente el Gobierno de Quintana Roo, a través de AGEPRO (Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo), habría impulsado un programa de regularización para estos terrenos, en el que se solicita a los ocupantes el pago de 80 pesos por metro cuadrado, con posibilidad de liquidarlo en un plazo de hasta 36 meses.

Los afectados afirman que para numerosas familias campesinas y productores agrícolas dichos montos resultan imposibles de cubrir, lo que podría derivar en la pérdida de los terrenos que han ocupado durante décadas.

Asimismo, señalaron la existencia de personas que presuntamente continúan ofreciendo lotes y cobrando por trámites de regularización, así como por la elaboración de planos y documentación, aprovechándose del desconocimiento jurídico de quienes buscan obtener certeza sobre su patrimonio.

Los denunciantes aseguraron contar con documentación, decretos, expedientes y trámites iniciados ante autoridades federales que, a su consideración, demostrarían que los predios mantienen el carácter de terrenos nacionales. Indicaron además que continúan reuniendo información del Registro Agrario Nacional para fortalecer jurídicamente su caso.

Documentación oficial en poder de posesionarios de terrenos ubicados en la zona agrícola de Francisco May, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, muestra que desde 2007 se iniciaron gestiones ante el Gobierno Federal para regularizar predios considerados terrenos nacionales, situación que hoy contrasta con un nuevo proceso impulsado por autoridades estatales que, aseguran los afectados, amenaza con desconocer esos antecedentes.

Entre los documentos se encuentran oficios dirigidos al entonces director general de Ordenamiento y Regularización de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante los cuales la Central Campesina Independiente (CCI) solicitó formalmente la integración de expedientes para la titulación y enajenación de terrenos nacionales a favor de posesionarios de la región.

Los documentos conservan sellos oficiales de recepción de la dependencia federal fechados el 29 de noviembre de 2007 y el 10 de julio de 2008, lo que acredita que las solicitudes fueron recibidas por la autoridad competente.

Asimismo, la documentación incluye una escritura notarial emitida por la Notaría Pública No. 45 del Estado de Quintana Roo, en la que se hace constar la posesión material del predio denominado “Las Margaritas”, con una superficie aproximada de 10 hectáreas, destinado a actividades agrícolas.

En dicha actuación notarial también quedaron asentados testimonios de personas que manifestaron conocer la posesión pacífica, pública y continua del inmueble por parte de la solicitante, así como las gestiones realizadas para obtener la regularización del predio ante las autoridades federales.

Los posesionarios sostienen que estos documentos demuestran que el camino legal para obtener la propiedad de terrenos nacionales debía seguirse ante la autoridad federal y no mediante procedimientos promovidos por instancias estatales.

Ante esta situación, solicitaron la intervención de las autoridades federales para esclarecer el estatus legal de los terrenos y determinar si el programa estatal de regularización cuenta con las facultades legales correspondientes.

Especialistas en derecho agrario consultados señalan que, tratándose de terrenos nacionales, cualquier procedimiento de regularización debe sustentarse en la legislación federal y en los decretos que determinen la situación jurídica de cada predio, por lo que resulta indispensable conocer la documentación oficial antes de establecer responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido un posicionamiento público respecto a los señalamientos realizados por los denunciantes.