El trabajo de miles de personas jornaleras migrantes sostiene una parte fundamental de la producción de alimentos que llega diariamente a las mesas de México, Estados Unidos y otros países. Sin embargo, las condiciones de ese trabajo comienzan a definirse mucho antes de la primera jornada en el campo: desde el proceso de contratación.
A quince años de la adopción de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, el sector agroalimentario enfrenta el reto de convertir la debida diligencia en una herramienta efectiva de prevención y protección de los derechos humanos, en lugar de limitarla a un requisito de cumplimiento o reputación corporativa.
PERIPLO, iniciativa de Fundación Avina que opera en el corredor agrícola Guatemala–México–Estados Unidos, impulsa un modelo de debida diligencia centrado en las personas, colocando al reclutamiento ético como el primer paso para garantizar condiciones laborales dignas. La organización advierte que la forma en que una persona trabajadora es reclutada puede definir gran parte de su experiencia laboral.
El cobro de cuotas de contratación, la falta de información clara sobre las condiciones de empleo o los traslados inseguros suelen traducirse posteriormente en abusos, endeudamiento, explotación o vulneración de derechos.
Por el contrario, un proceso de contratación transparente, libre de cobros indebidos y con información verificable permite prevenir riesgos antes de que ocurran y fortalece toda la cadena de suministro.
Esta visión ya cuenta con experiencias exitosas en la región, como procesos de migración laboral regular certificados internacionalmente, sistemas de monitoreo que acompañan a las personas trabajadoras durante todo el ciclo migratorio y protocolos de contratación responsable implementados por empresas del sector agroalimentario. Estas prácticas fueron reconocidas en el Informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre migración laboral, publicado en julio de 2025.
PERIPLO trabaja articulando a organizaciones de la sociedad civil, empresas e instituciones públicas para construir mecanismos de debida diligencia que respondan a la realidad de la movilidad laboral en el campo y que permitan prevenir violaciones a los derechos humanos desde el origen del proceso de contratación.
Ante la próxima revisión de los compromisos regionales en materia de empresas y derechos humanos, la iniciativa hace un llamado a gobiernos, empresas y organismos de cooperación para ampliar el alcance de la debida diligencia hacia el reclutamiento ético y convertirla en acciones concretas que protejan a las personas trabajadoras migrantes.
Para PERIPLO, reconocer el valor de quienes hacen posible la producción de alimentos —más allá de las remesas o de su contribución económica— constituye el verdadero punto de partida para construir cadenas de suministro responsables, sostenibles y respetuosas de los derechos humanos.