A menudo se considera que los desplazamientos sociales representan una carga para la economía y la sociedad. No obstante, estos movimientos también pueden generar efectos positivos en los ámbitos social, económico y cultural tanto en los países de origen como en los de destino.

Entre las principales causas de estos desplazamientos se encuentran los conflictos armados, los regímenes autoritarios, el cambio climático, los desastres naturales y la pobreza extrema. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, en 2024 más de 281 millones de personas migraron en todo el mundo, lo que equivale al 3.6% de la población global.

Las investigaciones indican que una proporción significativa de la población migrante posee habilidades, conocimientos y experiencias valiosas que pueden contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades receptoras. Por ejemplo, estudios del Banco Mundial destacan que los migrantes suelen tener tasas más altas de emprendimiento en comparación con la población local, generando empleo e innovación.

Además, su diversidad cultural enriquece el tejido social, fomentando la tolerancia y el intercambio de ideas. Sin embargo, para aprovechar este potencial, es esencial que los países de destino implementen políticas de inclusión que garanticen acceso a educación, salud y empleo digno.

Frente a este panorama, la economía solidaria emerge como una alternativa viable y necesaria, especialmente para quienes han perdido sus tierras, sus trabajos y sus redes de apoyo. Fundada en principios como la cooperación, la equidad y la sostenibilidad, esta forma de economía promueve un modelo justo y recíproco.

Más que una herramienta de subsistencia, la economía solidaria constituye una estrategia de transformación social. A través de cooperativas, empresas sociales, redes de comercio justo y bancos comunitarios, se han creado oportunidades reales para que las personas desplazadas reconstruyan sus vidas.

En países como Italia, España, Alemania, Colombia y México, las cooperativas han ofrecido a migrantes y refugiados no solo empleo, sino también un sentido de pertenencia. En Italia, por ejemplo las cooperativas agroalimentarias integran a refugiados en labores productivas mientras los forman y empoderan como actores económicos.

Por su parte, en Colombia, existen proyectos destacados como el de la Cooperativa Economías Sociales del Común, en donde se agrupa a exguerrilleros de las FARC, comunidades de acogida y víctimas del conflicto armado. Su objetivo principal es promover la paz con justicia social y el bienestar a través de la economía socialidaria, fomentando la producción local de alimentos.

En México, como país de tránsito y destino de migrantes, han surgido numerosas iniciativas como la Cooperativa Unidad de Costureras (CDMX), integrada por mujeres migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala, quienes lograron rehacer sus vidas a través del trabajo digno.

Por su parte, la cooperativa Sembrando Esperanza conformada por trabajadores agrícolas mixtecos, organizaron un sistema de cajas de ahorro comunitario para evitar endeudarse con prestamistas. Con el tiempo crearon una cooperativa de consumo para comprar alimentos al mayoreo y abaratar sus costos. El resultado de estos esfuerzos es una red de solidaridad que ha promovido la integración, el acceso a derechos y una mejora en la calidad de vida.

Otro caso emblemático es la Cooperativa Periferia Cimarronxs en España, formada por personas negras y afrodescendientes que comparten la certeza de que la cultura es una forma de transformación. Su misión es combatir el racismo estructural mediante la contratación y formación de actrices y actores afrodescendientes y trans, quienes, a través de sus producciones audiovisuales y espectáculos visibilizan y promueven sus derechos sociales.

Ante este escenario se puede constatar que, la economía solidaria no sólo beneficia a quienes se han visto forzados a migrar, también fortalece a las comunidades receptoras. Promueve modelos de desarrollo local inclusivo, resiliente y sostenible, capaces de mitigar tensiones sociales y generar cohesión.

Por ello, para que la economía solidaria prospere se requiere de un entorno institucional favorable; gobiernos, organismos internacionales y actores del sector privado deben fomentar estas prácticas para darles permanencia, difusión y certeza jurídica.

En definitiva, la economía solidaria no es una panacea, sí es una respuesta coherente, ética y transformadora frente al incremento del desplazamiento global. En un tiempo en el que levantar muros parece más fácil que tender puentes, necesitamos más que nunca modelos económicos que promuevan la cohesión, la justicia y la esperanza.