En los últimos meses, las aduanas de México han estado en el centro del debate público no solo por su papel estratégico en la recaudación y el comercio exterior, sino por la forma en que han sido infiltradas por redes de corrupción ligadas al llamado huachicol fiscal.

Bajo este término coloquial se esconde una práctica que, aunque no consiste en perforar ductos para robar combustibles, sí opera con la misma lógica: apropiarse de recursos públicos a través del fraude y el engaño. Su costo para el Estado es enorme, pero también lo es para los sectores productivos nacionales que compiten en condiciones desiguales frente a mercancías introducidas al país de manera irregular.

En este escenario, el agente aduanal ocupa una posición clave. Por un lado, es un profesional autorizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para realizar el despacho aduanero en representación del importador y exportador. Su función es garantizar la legalidad de las operaciones, verificar la documentación y asesorar sobre el cumplimiento de normas. En otras palabras, es la primera línea de defensa contra las prácticas ilícitas.

Su función legal no se limita a la tramitación mecánica de pedimentos, sino que lleva consigo una verdadera responsabilidad como representante de la autoridad aduanera. Sin embargo, su papel frente al huachicol fiscal está lleno de retos, dilemas éticos y riesgos profesionales que merecen una reflexión sería.

Los agentes aduanales involucrados recientemente en el caso del huachicol fiscal en Altamira se enfrentaron a la tentación del enriquecimiento rápido en detrimento de la ética profesional, y lamentablemente esta salió perdiendo. La realidad es que la delincuencia organizada ejerció tal presión que no solo logró corromper a funcionarios de bajo rango, sino que también alcanzó eslabones claves de la cadena.

Los daños ocasionados no se limitan al ámbito financiero: también erosionan la confianza de los socios comerciales de México, porque el país puede ser percibido como un espacio donde la corrupción y el contrabando técnico encuentran terreno fértil.

La legislación es clara: el agente aduanal que incurra en conductas fraudulentas puede ser sancionado con la suspensión o cancelación de su patente (arts. 164 y 165 de la Ley Aduanera), además de enfrentar responsabilidades administrativas, fiscales e incluso penales.

En este contexto, la pregunta es: ¿cómo blindar al agente aduanal de estas presiones? Una parte de la respuesta está en la ética profesional. El agente aduanal debe asumirse no solo como un gestor, sino como un actor comprometido con la legalidad. Su reputación, construida a lo largo de años de trabajo, es su capital más valioso y renunciar a ella por obtener una ventaja inmediata no solo lo coloca en riesgo sino que contribuye a perpetuar el problema del huachicol fiscal.

En lo que se refiere a las aduanas, habría que decir también que, si bien es cierto que en los últimos años se han implementado herramientas tecnológicas como la Ventanilla Única de Comercio Exterior y los pedimentos electrónicos, así como sistemas de análisis de riesgo para detectar operaciones sospechosas, estas medidas no han sido suficientes para erradicar las malas prácticas del comercio internacional y, nos demuestra que ninguna tecnología es infalibles cuando existen redes de corrupción bien organizadas, capaces de manipular sistemas o coludirse con funcionarios para facilitar la entrada irregular de mercancías.

En consecuencia, el combate al huachicol fiscal no puede descansar únicamente en la autoridad aduanera ni en los sistemas informáticos. Requiere la construcción de una nueva cultura de legalidad en el comercio exterior, donde el agente aduanal fortalezca su formación ética, se establezcan mecanismos de denuncia seguros y eficaces, y, sobre todo, se valore socialmente su papel.

Por último, el huachicol fiscal es un cáncer que mina la economía mexicana. Su combate exige voluntad política, sistemas de control robustos y cooperación internacional. Pero, sobre todo, requiere de agentes aduanales que honren la patente otorgada por el Estado y contribuyan a la construcción de un comercio exterior más justo, competitivo y transparente.

Se entiende, entonces, que el agente aduanal no es la solución única al problema; sin embargo, es una pieza sin la cual el rompecabezas de la seguridad nacional estaría siempre incompleto.