El cambio climático dejó de ser un asunto periférico en América Latina ante el impacto de la variabilidad hidrológica, las sequías, las lluvias extremas, el calor y los deslizamientos en los activos, el transporte, la disponibilidad de agua y el costo de operación hidroeléctrica, dejando así de ser un riesgo climático “ambiental” para convertirse en un riesgo operativo, financiero y de asegurabilidad.

De acuerdo con el análisis realizado por WTW, “El valor de lo natural”, los riesgos ya no deben analizarse de forma aislada. Deben entenderse como sistemas interconectados donde un detonante puede activar una cascada de impactos sobre activos, personas, flujo de caja, reputación y valor empresarial.

Datos oficiales señalan que Latinoamérica recibe apenas el 6% del financiamiento climático global, a pesar de albergar el 19% de las reservas petroleras probadas del mundo.

Cada grado de aumento de temperatura global podría traducirse en una caída del 12% del PIB global; los efectos son desproporcionadamente altos en economías de la región.

“La narrativa del riesgo climático tiene un contrapeso positivo que con frecuencia queda subestimado en las discusiones de gestión de riesgos: la transición hacia una economía de bajas emisiones representa una de las mayores oportunidades de generación de negocios financieros de las próximas décadas. Bonos verdes, créditos verdes, seguros paramétricos ligados a variables climáticas y financiamiento de energías renovables son productos con demanda creciente y márgenes diferenciados”, señala el informe.

Para los expertos de WTW, las instituciones que lideren la integración del riesgo climático en su gestión de riesgos no solo reducirán su exposición a pérdidas: se posicionarán para capturar la demanda de financiamiento de la transición energética, un flujo de capital que, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), requerirá inversiones de cientos de miles de millones de dólares en la región en los próximos 15 años.

Además, mencionan que la región no solo es relevante, es crítica para el futuro energético y económico del mundo. La región combina una matriz eléctrica comparativamente limpia, importantes recursos de petróleo y gas, y una base mineral decisiva para electrificación, redes, almacenamiento y manufactura de tecnologías limpias.

Esta posición le otorga una ventaja singular en la nueva economía energética, pero esa ventaja llega acompañada de una presión creciente: atraer inversión, garantizar abastecimiento, sostener estándares ambientales y sociales, y administrar expectativas de comunidades, gobiernos e inversionistas al mismo tiempo.

Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA por sus siglas en inglés), la región ya genera alrededor del 60% de su electricidad a partir de fuentes renovables y, bajo políticas vigentes, esa participación podría subir a cerca de dos tercios en 2030 y a 80% hacia 2050; bajo escenarios de mayor cumplimiento de compromisos, superaría el 70% ya en 2030.

“La señal es clara: la transición ya no es una narrativa futura, sino una reasignación de capital, infraestructura y prioridades de política pública. Implicación: las compañías deberán gestionar un modelo híbrido en el que conviven activos tradicionales con nuevas exigencias de flexibilidad, almacenamiento, transmisión, integración regional y descarbonización de cadenas de valor”, concluye el informe de WTW.