De acuerdo con la Academia Mexicana de la Lengua, el término huachicol proviene del maya “huach”, que aludía a los forasteros. También se empleaba para referirse al acto de adulterar bebidas o combustibles.

Sin embargo, en la década de 1990 comenzó a usarse para describir el robo de combustible a Petróleos Mexicanos (PEMEX). Tan solo entre diciembre de 2018 y febrero de 2025, PEMEX detectó 31, 862 tomas clandestinas, lo que evidencia la magnitud de un problema que obligó a los distintos gobiernos a diseñar estrategias para combatir esta práctica.

A diferencia del huachicol común, el huachicol fiscal recurre a métodos más sofisticados que implican fraudes fiscales y corrupción. Este tipo de huachicol consiste en introducir combustible al país registrándolo como lubricantes, alcoholes o aditivos mediante el cambio de fracción arancelaria.

Con ello se elude el pago de aranceles, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y de otras contribuciones del comercio exterior en aduanas, lo que genera pérdidas anuales estimadas en 177 mil millones de pesos.

Si bien este problema no es nuevo, su incidencia continúa en aumento y entre los factores que lo han incentivado destacan: la apertura del sector energético durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la competitividad de precios de los combustibles provenientes de Estados Unidos (EE.UU.) y, de manera crucial, la falta de inspecciones eficaces en las aduanas mexicanas.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el combate al contrabando y a la corrupción en las aduanas se empezó a llevar a cabo con la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en 2021, conformada por personal del Ejército y la Marina, quienes se encargarían de hacer una limpia necesaria para sanear las instituciones y garantizar que todos los procesos de importación y exportación fueran legítimos y apegados a la ley.

Sin embargo, cuatro años después, persisten los reportes de contrabando, soborno y pérdidas fiscales.

Lo dicho hasta aquí supone que el arresto llevado a cabo por el gobierno mexicano en marzo de este año (en el cual se vieron implicados personal de la aduana, entre ellas seis integrantes de la Marina y miembros del Ejército) tras la detección de 10 millones de litros de combustible que transportaba el buque Challenge Procyon en el puerto de Tampico para ser llevado a un predio de la localidad vecina de Altamira, revela un problema de gran magnitud: la complicidad institucional.

Además, este hecho demuestra que la iniciativa impulsada por el expresidente AMLO, al encomendar a la Marina y al Ejército el control de las aduanas del país, resultó insuficiente y puso en evidencia que su presencia no ha bastado para erradicar el huachicol fiscal. Además, aunque a partir de 2019 el gobierno federal desplegó una estrategia para combatir el robo físico de combustible, el contrabando ´técnico continuó en ascenso.

Un aspecto que no debe pasarse por alto es la visita del Secretario de Estado, el republicano Marco Rubio, a México, el pasado 03 de septiembre. Durante su visita subrayó la importancia de la cooperación para combatir a quienes están vinculados al crimen organizado. Coincidentemente, su visita ocurrió junto con la detención de 14 funcionarios vinculados con el huchicol fiscal, entre ellos dos son sobrinos políticos del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda, a quienes se les permitió operar libremente desde el sexenio de AMLO.

En este contexto, cabe preguntarse: ¿el combate al huachicol fiscal en las aduanas mexicanas responde a una estrategia de soberanía nacional o a la presión de Estados Unidos para proteger sus propios intereses comerciales?

A primera vista, el argumento de la soberanía nacional es sólido y legítimo. Las aduanas son la puerta de entrada de un país, y permitir que empresas, tanto nacionales como extranjeras, evadan masivamente el pago de impuestos mediante clasificación arancelaria fraudulenta es una fuga constante para las arcas públicas. Fortalecer la autoridad fiscal y hacer cumplir la ley no es solo una medida de recaudación, es un acto de afirmación de la autoridad del Estado en su territorio económico.

Pero también hay otra capa, más compleja y menos dicha: no puede ignorarse el factor estadounidense. Washington ha sido claro en su postura; si el gobierno mexicano no demuestra avances en el control de sus aduanas y el huachicol fiscal, entonces habrá fuertes sanciones comerciales.

En este contexto, la narrativa de la cooperación binacional en realidad esconde una realidad incómoda. México está ajustando sus políticas aduaneras más por imposición externa que por una convicción interna de fortalecer su soberanía fiscal.

El dilema es claro: ¿México combate el huachicol fiscal porque le duele la pérdida de recaudación o porque EE.UU. exige resultados? La respuesta no es sencilla, pero la evidencia apunta a que las presiones externas han sido un catalizador más fuerte que las convicciones internas.

Por ello, combatir el huachicol fiscal exige más que operativos mediáticos: se necesita limpieza a fondo en las aduanas, sanciones ejemplares para funcionarios corruptos y una reforma estructural del sistema.