De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), entre 2019 y 2024, la tasa media de crecimiento anual del PIB de la industria del calzado experimentó una disminución del 3,1 %. En el mismo periodo, la producción se contrajo 0,1% y el empleo 2,8%. Por su parte, las importaciones de calzado bajo el esquema del Programa para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) se incrementaron en un 159% en volumen y un 60.3% en valor respecto a 2023.

Uno de los factores que explica esta crisis es el uso indebido del programa IMMEX, un esquema creado en 2006 con el objetivo de fortalecer la competitividad del sector exportador mexicano, otorgándole certidumbre, transparencia y continuidad operativa, además de permitir nuevas formas de hacer negocios.

En su origen, la iniciativa del gobierno mexicano fue diseñada para apoyar a las empresas mediante la reducción de sus costos de producción y la eliminación de barreras arancelarias, a través de incentivos fiscales para la importación de insumos y maquinaria, así como la posibilidad de exportar bienes. Sin embargo, el beneficio ha sido desvirtuado en sectores como el calzado.

El Programa IMMEX otorga ventajas económicas en materia fiscal y aduanera, como la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto General de Importaciones (IGI) y, en su caso, de las Cuotas Compensatorias en importaciones temporales, las cuales han sido fundamentales para sectores que realmente producen en el país. Estos beneficios se han convertido en prácticas que permiten la entrada de calzado terminado bajo la figura de importación temporal, desplazando así la producción nacional e impactando de manera directa en el empleo.

Por ello, el 28 de agosto, el gobierno mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), un Decreto que prohíbe la importación temporal de calzado terminado procedente de China bajo el esquema del Programa IMMEX. Con esta medida se espera dar un respiro a la industria nacional del calzado, recuperar el mercado interno y superar esta crisis.

La gran pregunta es: ¿será este decreto suficiente para ayudar a la recuperación del sector del calzado en México?

El Programa IMMEX es, en teoría, una de las políticas económicas más exitosas e importantes del país. Su modelo operativo ha funcionado para sectores como el automotriz y el aeroespacial; sin embargo, en otros, como el del calzado, los resultados no han sido alentadores. El problema no radica únicamente en la mala aplicación del Programa por parte de las empresas importadoras, sino también por las las fallas del sistema aduanero que permiten que este mecanismo se distorsione.

Un ejemplo claro de ello es la recientemente cancelación de cinco empresas IMMEX por importar 32 millones de pares de calzado sin realizar las exportaciones correspondientes, lo que equivale al 80% de las importaciones temporales del sector. Estos casos demuestran cómo agentes aduanales y empresas participan en prácticas de evasión fiscal y competencia desleal, mientras las autoridades actúan de manera tardía o insuficiente.

Ante este escenario, la reciente decisión del gobierno mexicano de excluir el calzado terminado del programa IMMEX es, sin dudan un paso en la dirección correcta. Sin embargo, no basta con cerrar una puerta si otras siguen abiertas: los Recintos Fiscalizados Estratégicos y la corrupción en las aduanas continúan siendo rutas paralelas para quienes buscan eludir la ley.

La paradoja es clara: un programa diseñado para fortalecer la competitividad mexicana terminó debilitando a uno de sus sectores emblemáticos. Hoy, la política industrial enfrenta un reto mayor: no solo vigilar el cumplimiento de la ley, sino reconstruir la confianza de una industria que ha perdido terreno de manera acelerada. El IMMEX debe volver a ser lo que fue en su origen: un aliado de la producción nacional, no un salvoconducto para el contrabando.

Es conveniente señalar que, los riesgos como la subvaluación en aduanas o la triangulación a través de otros programas persisten. Por ello, este decreto debe ir acompañado de un control más estricto en fronteras y de incentivos que fomenten la innovación, la modernización tecnológica y la capacitación en el sector calzado. De lo contrario se corre el riesgo de que sea solo una victoria insuficiente.

En última instancia, este decreto por sí solo no acabará con el problema. Mientras en las aduanas persistan la corrupción y la complicidad, las importaciones ilegales seguirán ingresando al país libremente. Lo que en realidad se necesita para recuperar a la industria del calzado es un marco regulador más firme, tecnología para vigilar cada operación y funcionarios comprometidos con el cuidado del mercado interno. Solo así los consumidores podrán privilegiar lo “Hecho en México” y la industria del calzado nacional volverá a caminar a paso firme, dentro y fuera del país.