El pasado 14 de octubre el Senado aprobó la minuta de la Reforma a la Ley Aduanera, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

Si bien está orientada a modernizar y fortalecer el marco jurídico aduanero mexicano, esta reforma presenta diversos desafíos que podrían afectar el dinamismo del comercio exterior nacional.

La iniciativa endurece las medidas de control fiscal y establece nuevos requisitos para la importación de mercancías, con el fin de evitar la evasión y elusión de impuestos, la corrupción y, en general, las prácticas desleales que obstaculizan la operación del comercio exterior.

La reforma tiene buenas intenciones: un comercio exterior más transparente, una recaudación más justa y una administración más sólida.

Además, pretende digitalizar procesos, fortalecer la revisión fiscal y agilizar los procedimientos de despacho. Sin embargo, en la práctica podría tener efectos secundarios considerables sobre la competitividad de México y sus relaciones con sus socios comerciales.

El comercio exterior representa para México, alrededor del 70% del PIB nacional y aporta una cuarta parte de la recaudación. Por ello, cada ajuste normativo modifica el engranaje de la cadena de suministro y afecta a las empresas manufactureras.

Según estimaciones de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA), la entrada en vigor de la reforma a la Ley Aduanera podría complicar la entrada y salida de mercancías, generando saturación en los puertos y un aumento en los costos logísticos para los importadores. La razón es simple: cada día adicional en aduana significa inventario inmovilizado, retrasos logísticos y penalizaciones contractuales en cadenas de suministro que dependen de la entrega a tiempo.

Uno de los sectores más vulnerables ante la nueva reforma serían las pequeñas y medianas empresas exportadoras, que carecen de capital suficiente para responder a nuevas exigencias de garantías, sanciones más severas o cuentas aduaneras más estrictas.

En términos prácticos, esto podría reducir su participación en el comercio exterior y consolidar la actividad en manos de grandes corporaciones.

Además, otro de los actores que se vería seriamente afectado sería el Agente Aduanal, ya que ahora serán responsables solidarios del pago de los impuestos al comercio exterior y demás contribuciones derivadas de operaciones en las que intervengan. Esto implica que los Agentes no podrán escudarse en la personalidad jurídica de las agencias aduanales para eludir deudas fiscales.

A lo anterior se suma la vigencia específica de 10 años de vigencia para la patente de agente aduanal, sujeta a renovación periódica por plazos iguales, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes. Asimismo, se propone que los Agentes se certifiquen cada dos años para mantener activa su patente durante el plazo de su vigencia.

Por otro lado, los defensores de la reforma argumentan que la medida fortalecerá la confianza internacional al ofrecer un sistema electrónico aduanero más robusto, menos vulnerable a la subvaluación y al contrabando.

En cierto modo es posible: si la digitalización aduanera se implementa correctamente, podría reducir errores, agilizar validaciones y mejorar la seguridad logística; el problema, como siempre, estará en la ejecución. Si la tecnología se convierte en burocracia electrónica, los beneficios se esfumarán.

A nivel cuantitativo, las proyecciones preliminares del sector privado estiman que, en el corto plazo, el flujo comercial de México con Estados Unidos (nuestro principal socio comercial) podría disminuir entre 1.5% y 2% mientras que con Canadá la reducción sería de 0.8%.

En cambio, si la reforma lograra mejorar la eficiencia operativa, para 2028 esos mismos flujos podrían recuperarse y crecer hasta un 4% adicional respecto a los niveles previos a la reforma.

Con lo anterior no quiero decir que no sea necesaria una modernización de la normatividad aduanera; sin embargo, es deseable que este ajuste se acompañe de una política de facilitación comercial. Si bien México necesita una aduana moderna, jurídicamente hablando, también es cierto que requiere una aduana competitiva. Las reglas deben equilibrar el control con la agilidad; la fiscalización con la productividad.

En el fondo, la pregunta es simple: ¿queremos una aduana más eficiente o una aduana más temida? La diferencia, al final, la marcará la forma en que esta reforma se implemente. De ello dependerá no solo el flujo de mercancías, sino el ritmo con el que México siga participando en la economía global.