Las aduanas constituyen la principal fuente de recaudación fiscal en México. Aportan aproximadamente una cuarta parte de los ingresos tributarios y, tan solo al cierre de diciembre de 2025, generaron 128 mil 999.21 millones de pesos, lo que representó un incremento del 29.4 % respecto al mismo mes de 2024.

Estas cifras explican por qué el Gobierno Federal busca fortalecer los mecanismos de control y eficiencia recaudatoria en el sistema aduanero a través de la reforma a la Ley Aduanera y a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

El reciente escándalo relacionado con el huachicol fiscal o contrabando de combustible mediante subvaluación y declaraciones falsas en aduanas, evidenció las debilidades estructurales del sistema. En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha priorizado reformas a la Ley Aduanera con el objetivo de cerrar espacios al contrabando y a las prácticas ilícitas que erosionan la base fiscal del país.

A ello se suma la competencia desleal que enfrentan sectores estratégicos como el textil y el calzado, afectados por la subvaluación de mercancías, el contrabando técnico y el uso de empresas fantasmas. Estas prácticas no solo reducen la recaudación, sino que también dañan a la industria nacional y distorsionan el mercado. Bajo esta lógica, el endurecimiento de controles en la Tarifa arancelaria busca restablecer condiciones de competencia más justas y equitativas.

En paralelo, el gobierno impulsa el fortalecimiento de sectores estratégicos y la consolidación del nearshoring con Estados Unidos y Canadá. La armonización normativa y la robustez de las cadenas de suministro son condiciones indispensables para aprovechar la relocalización de inversiones en América del Norte y sin un sistema aduanero eficiente, cualquier estrategia de integración regional quedaría incompleta.

Ahora bien, el camino no será sencillo. Las empresas deberán invertir en tecnología y profesionalización para cumplir con mayores estándares de control documental y fiscal. La digitalización aduanera implicará procesos más estrictos y el incumplimiento puede traducirse en multas que alcanzan hasta el 300% sobre el valor de la mercancía.

Por su parte, los agentes aduanales asumen responsabilidades más amplias como garantes solidarios del cumplimiento fiscal y documental. La veracidad en la clasificación arancelaria, el correcto pago de las contribuciones y el reporte de irregularidades ante el SAT adquieren un peso determinante. Un error en el despacho podría derivar incluso en sanciones penales.

El riesgo inmediato ante este escenario es la ralentización operativa, por ejemplo, un contenedor que normalmente se libera en dos días podría tardar hasta dos semanas, generando costos de almacenaje, demoras logísticas y pérdidas comerciales. En un entorno global altamente competitivo, los tiempos son tan relevantes como los impuestos.

Sin embargo, las reformas no buscan cerrar el mercado ni romper con los tratados internacionales. Por el contrario, pretenden fortalecer el cumplimiento normativo y premiar la planeación estratégica a largo plazo. La clave estará en lograr que el endurecimiento de controles no se traduzca en burocracia paralizante, sino en mayor transparencia y certeza jurídica.

En definitiva, el éxito de la implementación de las reformas en materia aduanera dependerá de encontrar un equilibrio entre combatir frontalmente la corrupción y el contrabando sin sacrificar la competitividad ni dinamismo comercial. Si las reformas logran consolidar un sistema aduanero moderno, eficiente y transparente, el beneficio será estructural. De lo contrario, el costo podría recaer en quienes sostienen la economía real: las empresas formales que cumplen con la ley.