La creciente tensión geopolítica global ha dejado de ser un asunto lejano para convertirse en un factor determinante para México.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China, el conflicto en Medio Oriente (entre Israel, Estados Unidos e Irán) y el eventual cierre del Estrecho de Ormuz han detonado una escalada en los precios de insumos estratégicos a nivel mundial.

Entre ellos, los fertilizantes destacan como un elemento crítico cuyo encarecimiento amenaza directamente la seguridad alimentaria.

No se trata únicamente del aumento en los precios del diésel o la gasolina. El impacto es más profundo y estructural.

El alza en el costo del gas natural (insumo esencial para la producción de fertilizantes), sumado a las disrupciones logísticas y a las restricciones en la oferta global derivadas de sanciones y conflictos internacionales, han generado una presión sin precedentes sobre los costos agrícolas.

Es evidente que México no es ajeno a este contexto. Por el contrario, su alta dependencia del exterior lo coloca en una posición particularmente vulnerable.

Actualmente, el país importa más del 70% de los fertilizantes que consume, lo que lo expone a la volatilidad de los mercados internacionales y a decisiones geopolíticas que escapan completamente de su control.

China, Rusia, Marruecos, Omán, Qatar y Estados Unidos figuran entre los principales proveedores, lo que evidencia una cadena de suministro altamente concentrada y frágil.

Desde una perspectiva económica, el aumento en el precio de los fertilizantes eleva los costos de producción agrícola, reduce los márgenes de rentabilidad de los productores y, en muchos casos, incentiva una menor aplicación de nutrientes en los cultivos.

Este fenómeno, ampliamente estudiado en el área de la agronomía, se traduce en menores rendimientos por hectárea y, eventualmente, en una presión al alza sobre los precios de los alimentos.

Así, lo que comenzó como un conflicto geopolítico aparentemente lejano termina por traducirse en una afectación directa al bienestar de los consumidores en México.

El encarecimiento de los alimentos no constituye un fenómeno aislado, sino que refleja una estructura productiva dependiente y vulnerable.

Esta situación pone de manifiesto la falta de una estrategia nacional robusta para el desarrollo y la producción interna de insumos agrícolas esenciales y, es en este contexto, donde la discusión no debería limitarse a la diversificación de proveedores o a la gestión de riesgos logísticos, sino ampliarse hacia la construcción de capacidades tecnológicas propias.

En este sentido, la biotecnología surge como una alternativa estratégica. El desarrollo y adopción de biofertilizantes (basados en microorganismos capaces de fijar nitrógeno, mejorar la disponibilidad de nutrientes en el suelo y estimular el crecimiento vegetal) constituyen una alternativa viable y sostenible frente a los fertilizantes sintéticos.

Además, permiten reducir de manera significativa la dependencia del exterior y pueden desarrollarse localmente, adaptándose a las condiciones específicas de los suelos mexicanos y con menores costos ambientales.

Cabe señalar que, en promedio los países de la OCDE destinan 7.3 % del total del gasto realizado por el sector empresarial a la biotecnología, mientras que México presenta un gran rezago, del total de gasto en inversión y desarrollo del sector privado, unicamente 1.1% corresponde con biotecnología, cifra insuficiente para emprender proyectos innovadores.

Sin embargo, ante este escenario, persiste un desafío importante: la reducción de los costos de comercialización de los productos orgánicos (derivados del uso de biotecnología). Estos productos han sido tradicionalmente asociados con consumidores de alto poder adquisitivo y con esquemas de producción a pequeña escala, una percepción que resulta insuficiente frente a los desafíos actuales.

En este contexto de crisis de fertilizantes y presión sobre los costos agrícolas, la producción orgánica (basada en la reducción o eliminación del uso de fertilizantes sintéticos) debe dejar de ser una excepción y consolidarse como una alternativa estructural de producción.

No obstante, para lograr la transición se requiere de políticas públicas coherentes y sostenibles, así como inversión en investigación e incentivos para la adopción de tecnología, además, un rediseño de los esquemas de mercado que hoy limitan la expansión de la producción orgánica.

La coyuntura actual es clara y ofrece una oportunidad ineludible. La crisis derivada del cierre del estrecho de Ormuz no solo revela la fragilidad del modelo vigente, basado de la importación masiva de fertilizantes, sino que abre la posibilidad de replantear el futuro del campo mexicano desde una lógica de innovación, sostenibilidad y soberanía.

Por ello, persistir en el modelo actual implica aceptar que el precio de los alimentos en México seguirá determinado por conflictos externos. Transformarlo, en cambio, implica asumir que la innovación puede convertirse en el principal insumo de nuestra soberanía.