La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, ha generado una serie de controversias políticas y un clima de incertidumbre económica. Su intención es clara: imponer aranceles del 25% a la importación de productos provenientes de México y Canadá como medida de presión para detener los flujos migratorios y la venta de fentanilo. En el caso de China, propone una tarifa adicional del 10% sobre la ya existente, argumentando motivos de competencia desleal.

Desde el punto de vista legal, esta medida es viable, pues la legislación comercial estadounidense, en la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, permite imponer aranceles cuando las importaciones se consideran una amenaza para la seguridad nacional. Asimismo, la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 autoriza al gobierno de Estados Unidos tomar represalias comerciales contra países que implementen prácticas desleales o discriminatorias que afecten negativamente a los intereses estadounidenses. Si bien estas medidas son legítimas, no lo son ante el T-MEC.

En el marco de este acuerdo trilateral, la imposición de aranceles de manera unilateral, es violatoria. El Tratado señala en su artículo 2.4. que ningún miembro podrá incrementar cualquier arancel aduanero existente, o adoptar cualquier nuevo arancel aduanero, sobre una mercancía originaria; sin embargo, la experiencia ha demostrado que la norma nacional prevalece por sobre el Tratado Internacional.

Ante este panorama: ¿qué repercusiones económicas tendría este aumento de aranceles si entra en vigor?

El encarecimiento de los productos importados por Estados Unidos generaría un alza en los precios de diversos bienes, lo que impactaría negativamente en la y la sociedad del país. Se estima que estos aranceles afectarían alrededor de 740 mil millones de dólares en flujos comerciales. Los precios elevados desalentarían las compras y podrían desacelerar la economía. Además, México y Canadá podrían responder con aranceles de represalia desmantelando líneas de producción y cadenas de suministro estrechamente integradas en América del Norte.

En el caso de insumos, los aumentos en los precios encarecerían la producción de bienes intermedios y bienes finales, impactando industrias clave como el acero, la cerveza, los automóviles y el petróleo.

En México los efectos serían catastróficos porque el 80% de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos y representan aproximadamente el 40 % de su PIB. En cuanto a Canadá, las consecuencias también podrían ser devastadoras, se presume que la pérdida anual sería de entre 2 y el 2.6% de su producción económica. Además, se perderían más de un millón y medio de empleos, afectando particularmente a la industria automotriz en Ontario y al sector energético, especialmente el petróleo.

No obstante, está amenaza no es nueva. En 2018 Trump utilizó una estrategia similar durante su primer mandato, amenazando a México con aplicar un arancel del 5% a todas las importaciones a menos que su gobierno frenara el creciente flujo de migratorio proveniente de centroamericana. ¿El resultado? México aceptó un acuerdo migratorio con Estados Unidos. Por ello, resulta evidente que los aranceles no son más que un instrumento de negociación para Trump, quien independientemente de los efectos que resulten, no muestra mayor preocupación por aplicarlos o no.

Sin embargo, el gobierno mexicano debe actuar con cautela y prudencia ante la administración estadounidense, debido a que en su gabinete figuran empresarios con alto poder económico (entre ellos Elon Musk) e influencia del mundo. Además, cuenta con el respaldo del Congreso, lo que sugiere que, a pesar del riesgo inminente que estas medidas representarían para la economía de Estados Unidos, Trump estaría dispuesto a asumirlo con tal de cumplir sus promesas electorales y objetivos en materia de migración y tráfico de drogas.

En última instancia, serán los consumidores y los empresarios estadounidenses quienes terminen asumiendo el coste de estos aranceles.