A varias décadas de las primeras luchas por la igualdad laboral y política de las mujeres, la economía mexicana muestra un panorama complejo entre avances claros en educación y presencia social femenina, pero una persistencia estructural de desigualdades económicas que siguen limitando su participación en su desarrollo productivo (cuadro 1).

En 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) emitió por primera vez el documento “Estadísticas a propósito del día internacional de la mujer”, en contraste con el documento emitido en 2026 nos permitimos observar contrastes.

Desde el punto de vista demográfico, las mujeres han consolidado su peso en la estructura poblacional pues en la actualidad representan el 53.1% de la población de 15 años y más, confirmando esta tendencia que era visible hace una década cuando constituían el 51.4% de la población nacional.

No obstante, el verdadero cambio estructural se ha dado en la educación. Entre 2015 y 2025 la proporción de mujeres con estudios de nivel medio superior o superior aumentó de 27.2% a 38.3%. Este avance representa uno de los logros más relevantes de las últimas décadas, pues amplía el capital humano disponible para sectores productivos sofisticados. Aunque el problema es que la economía mexicana aún no logra absorber plenamente el capital humano femenino.

La participación económica femenina sigue siendo considerablemente menor que la masculina (gráfico 1). En 2016, aproximadamente 43.9% de las mujeres en edad de trabajar participaban en el mercado laboral. Para 2025, la cifra aumentó ligeramente hasta 45.7%, mientras que la participación masculina alcanza el 75.1%, una brecha cercana a 30%.

Desde una perspectiva económica, esta brecha representa uno de los mayores costos ocultos del desarrollo mexicano. Diversos estudios han mostrado que elevar la participación laboral femenina podría auentar significativamente el crecimiento potencial del país, al incorporar millones de trabajadoras calificadas a la economía formal. Pero ante todo ello, el problema es la calidad del empleo disponible para las mujeres.

De las 24.3 millones de mujeres ocupadas, 55.9% trabaja en condiciones de informalidad, es decir, sin seguridad social ni protección laboral. En otras palabras, más de la mitad de las mujeres que participan en la ecoonomía lo hacen en sectores de baja productividad, salarios reducidos y nula estabilidad laboral como el comercio minorista, servicios personales, trabajo doméstico y microemprendimientos informales.

En 2025, 46.7% de las mujeres ocupadas percibió hasta un salario mínimo, una proporción considerablemente mayor que entre los hombres, pero indicando persistencia de segmentaciones ocupacionales que limitan el acceso femenino a sectores remunerados. La subocupación (personas que trabajan menos horas de las que desean) alcanza 39.7% entre mujeres con educación media superior o superior.

Entidads como CDMX, Colima o Baja California Sur presentan las tasas más altas de participación económica femenina, mientras que Chiapas o Veracruz muestran niveles más bajos. Esto refleja la heterogénea estructura del desarrollo regional mexicano, donde la diversificación económica y urbanización influyen directamente en oportunidades laborales, provocando que más mujeres preparadas estén atrapadas en mercados laborales precarios.

En la actualidad, impulsar políticas de formalización laboral, ampliar los sistemas de cuidados y promover la inserción femenina en sectores tecnológicos no es una cuestión de igualdad de género, sino una estrategia económica clave para elevar la productidad y el crecimiento del país. Pero más allá de todo ello, desaprovechar el talento de más de la mitad de la población ya no es solo una injusticia social, sino un error económico.