En el contexto actual del comercio global, donde la competitiva desempeña un papel primordial, la infraestructura portuaria se ha convertido en una pieza clave para facilitar el flujo eficiente de mercancías dentro de cadenas globales cada vez más complejas.

En este escenario, México ha apostado por la modernización del Puerto de Manzanillo; sin embargo, dicha estrategia parece avanzar dejando de lado el compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

El proyecto denominado “Nuevo Puerto de Manzanillo”, es un plan de gran envergadura que contempla la ampliación significativa del puerto actual en la zona de Cuyutlán, Colima. Su objetivo es convertirlo en un hub logístico estratégico. La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado que, de llevarse a cabo esta ampliación del puerto, Manzanillo se convertiría en el primer puerto más importante de América Latina, cuadruplicando su capacidad de recepción de contenedores.

Este proyecto forma parte del llamado Plan México, lo que incrementa la presión política y económica sobre la Laguna de Cuyutlán, un ecosistema de enorme valor ambiental. Esta laguna es el cuarto humedal más grande del país, representa el 90% de los humedales del Estado de Colima y ocupa el quinto lugar a nivel mundial en importancia para aves migratorias.

El Puerto de Manzanillo es actualmente el más importante de México. Tiene una participación predominante en el litoral del Pacífico, movilizando alrededor del 40% de la carga contenerizada del país.

Es un puerto multipropósito que maneja carga general, granel agrícola y mineral, cuenta con 22 terminales especializadas y constituye un punto estratégico para el comercio con Asia, particularmente con China, Japón y Corea del Sur. De acuerdo con datos de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la aduana de Manzanillo genera 160,000 empleos y contribuye con más de 8,000 millones de dólares al Producto Interno Bruto nacional.

No obstante, a pesar del crecimiento sostenido del tráfico portuario, persisten problemas estructurales que limitan su eficiencia, especialmente en el despacho aduanal y en su capacidad operativa. Estas deficiencias generan costos adicionales derivados de demoras y saturación, y es previsible que, aun con la ampliación del puerto, dichos problemas continúen si no se atienden sus causas de fondo.

Surge entonces una pregunta clave: ¿es realmente necesaria la ampliación del Puerto de Manzanillo para alcanzar el máximo potencial en la eficiencia aduanera y competitividad?

La Laguna de Cuyutlán es un ecosistema vivo, complejo y frágil. Sus manglares, humedales y vasos lagunares funcionan como barreras naturales frente a tormentas, reguladores de salinidad, refugio de biodiversidad y sustento de comunidades que, desde hace generaciones, viven de la pesca y de la producción de sal artesanal.

Considerar que la ampliación del puerto representa un daño colateral menor es minimizar una intervención profunda que compromete el futuro ambiental y social de toda la región.

Resulta preocupante que, en pleno contexto de crisis climática, el discurso del desarrollo siga anclado a una lógica extractiva. Los humedales costeros, como la Laguna de Cuyutlán, deben entenderse como infraestructura natural, tan valiosa como un muelle o una terminal portuaria.

Por ello, el gobierno tiene la responsabilidad de corregir su postura: escuchar, replantear, proteger y, sobre todo, asumir que el verdadero desarrollo no avanza en silencio sobre territorios, sino que se construye junto con ellos.

Además, las debilidades actuales del Puerto de Manzanillo no se resolverán únicamente con la ampliación. La administración aduanera desempeña un papel fundamental en la agilización del despacho de las mercancías, y mientras no se atiendan estas deficiencias estructurales ni se capacite adecuadamente al personal de la ANAM para responder a las demandas operativas, la situación del puerto difícilmente será distinta.

Finalmente, el desarrollo portuario debe ir acompañado de programas de compensación y transición productiva, respaldados por políticas públicas sólidas. Las comunidades de Cuyutlán no pueden seguir siendo espectadoras del destino de su territorio.

Su conocimiento del ecosistema, sumado al trabajo científico de las universidades, debe integrarse en comités de vigilancia ambiental con capacidad real de seguimiento y corrección. Porque cuando una laguna calla, no es porque esté de acuerdo. Es porque ya no puede defenderse.