Septiembre y octubre, 1968, 2014 y 2022

El 26 de septiembre del presente año, tristemente, se cumplieron 8 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Cada año desde el 2014, miles de personas de todas las latitudes del país, se congregan en una marcha multitudinaria, que parte de diferentes puntos de la capital del país (incluyendo el llamado antimonumento construido en honor a estos jóvenes) con destino a la plancha del Zócalo para exigir presentación con vida de los mismos y castigo a los culpables.

Sin embargo, a mediados este año, la Comisión de la Verdad, establecida en el 2018, con el triunfo presidencial de Andrés Manuel López Obrador y que ha sido encabezada por el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dio a conocer lo que muchos sospechaban, ante las irregularidades del caso Iguala y los peritajes: la desaparición de los 43 estudiantes normalistas fue un crimen de estado, destruyendo así, en su totalidad, la llamada “verdad histórica”.

En conferencia de prensa, Alejandro Encinas dio a conocer a los medios de comunicación y a la sociedad civil en general, que los estudiantes fueron privados de su libertad por miembros del ejército mexicano, y que, además, los mismos, fueron protegidos por altos ex funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto.

El más conocido, el ex Procurador General de la Republica, Jesús Murillo Karam quien inclusive se presentó en la zona donde los estudiantes fueron violentamente agredidos horas antes por las fuerzas armadas.

Un año después, en el 2015, fue el mismo Jesús Murillo Karam quien dio a conocer públicamente “la verdad histórica” en la cual se proclamaba que los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, habrían sido confundidos con miembros del grupo criminal de los Rojos por lo que fueron capturados por integrantes del cártel rival, Guerr eros Unidos, y posteriormente asesinados, incinerados en el basurero de Cocula y sus restos tirados en el Río San Juan.

En las recientes investigaciones llevadas a cabo por la Comisión de la Verdad y tras la supuesta desaparición del expediente del caso Ayotzinapa, se concluyó que las autoridades municipales de Iguala, temían que los estudiantes se presentaran e irrumpieran en un acto político de la esposa del alcalde, el cual se llevaba a cabo en el centro del municipio.

María de los Ángeles Pineda quien se pretendía sucediera a su marido José Luis Abarca en el cargo. Por lo que se dio la orden de desaparecer a los estudiantes. Durante las recientes conferencias de prensa, Encinas revelo que no era la primera vez que el ejército ponía la mira sobre estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, pues inclusive uno de los desaparecidos, un joven que supuestamente había dejado las fuerzas armadas para inscribirse como estudiante en la institución, aún mantenía vínculos con el ejército, recibiendo una paga por hacer la labor de informante y teniendo el mismo destino que el de sus compañeros.

Socialmente, la total desacreditación de la “verdad histórica” provoco que inclusive en los grupos más conservadores de la sociedad civil, se dejase de estigmatizar a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, pues su desaparición ahora es considerada como un crimen de estado, pues en los jóvenes se veía un grupo de presión en contra las autoridades municipales, estatales y federales de los gobiernos de José Luis Abarca, Ángel Aguirre y Enrique Peña Nieto, respectivamente.

Los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, se dirigieron al municipio de Iguala, para tomar de manera pacífica, camiones que los transportarán a la Ciudad de México para estar presentes en la marcha multitudinaria en conmemoración de la masacre estudiantil de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.

Casi 50 años después la historia de violencia por parte del Estado en contra de un grupo de estudiantes organizados parecía tener continuidad.

Aunque tristemente el 2 de octubre de 1968 siempre ha estado presente en la memoria colectiva de la sociedad civil, pareciera que, en los meses anteriores, la masacre estudiantil de la Plaza de Las Tres Culturas en Tlatelolco, se convirtió nuevamente en tema de debate público, en principio porque Luis Echeverría Álvarez (considerado como uno de los principales responsables) cumplió un centenario de vida y en segundo lugar por su fallecimiento en este mismo año.

Aunque en este hecho, se responsabiliza también claro a Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México que gobernó hasta 1970, no se le quita peso a la figura de Luis Echeverría, que cumplía la función de Secretario de Gobernación, y dio la orden directa a los grupos militares de acabar con la movilización estudiantil. Acción que replico 3 años después con estudiantes de las Normal Superiores de Maestros y de las diferentes escuelas del Instituto Politécnico Nacional en un hecho denominado “El Halconazo”.

Hoy en día se debate abiertamente sobre lo ocurrido ese día en la plaza de las Tres Culturas, inclusive en los medios de comunicación, pero fueron muchos los años en los que este hecho se mantenía en silencio y bajo la excusa de que todo había sido un conflicto entre estudiantes, en el que las fuerzas del estado tuvieron que intervenir.

Acciones que parecen paralelas con la estigmatización de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, acusados de tener vínculos con el crimen organizado.

Ambos acontecimientos, son ahora considerados crímenes de Estado, provocados por gobiernos autoritarios y represivos que veían en los estudiantes un grupo fuerte de oposición contra sus intereses.1968 y 2014, casi 50 años de diferencia, pero el resultado es el mismo, la violencia imperante contra los jóvenes, la desinformación por parte de los medios de comunicación, la revictimización y la especulación que recae sobre los afectados, la indiferencia y la fachada de un gobierno plural y libre.